Llegan las fiestas de fin de año y la espesa niebla con la que acostumbra el gobierno tapar sus crimenes pretende opacar las verdades inocultables de un Estado que este año viejo no nos dejó ni una chiva, ni una yegua blanca ni mucho menos una buena suegra. Lo que si nos dejó fué la rabia y la indignación de cometer más crimenes de lesa humanidad que en los años anteriores, más pobreza, más desempleo, más desigualdad, más mentiras, más oídos sordos.
La que sigue intacta es nuestra memoria. La imágen del encabezado corresponde a una acción urbana del Kolektivo S.U.R y el Movimiento IRA, en la que nos tomamos las calles para recordarle a nuestra gente colombiana que NO OLVIDAMOS, que continuamos combatiendo, que los jovenes asesinados por el régimen uribista no cayeron en el olvido colectivo.
CON LOS SUEÑOS INTACTOS
Kolektivo SUR
DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO 19 DE ABRIL TRAS LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA EN BOGOTÁ, EN 1985.
Declaración de Álvaro Fayad Delgado, comandante general del M-19
El 6 de noviembre de 1985 la Compañía Iván Marino Ospina del M-19 fue ante la Corte Suprema de Justicia a entablar una demanda armada y a convocar a un juicio público contra el gobierno de Belisario Betancur.
Fue, ante el más alto tribunal de justicia, a solicitar un pronuncia-miento sobre la constitucionalidad del Acuerdo de Cese del Fuego y Diálogo Nacional suscrito en Corinto, Hobo y Medellín, en agos-to de 1984.
Fue, ante hombres de honor y leyes, a pedirles asumir conocimien-to sobre el cumplimento que hicieran las partes en el desarrollo y ejecución de dicho compromiso, cuyo fin era la paz en su dimen-sión más pública y humana: la justicia social y la democracia polí-tica.
Fue, ante el poder jurisdiccional, a invocar su protagonismo en la búsqueda de una solución política negociada en Colombia, a los agudos antagonismos que vive la patria, dado que el Gobierno y el Congreso de la República habían traicionado ese empeño colectivo de la comunidad patria del cual resultaron inferiores.
Fue, ante la nación y el mundo, en ejercicio del derecho a la rebe-lión, a acusar a un Gobierno que engañó a la opinión pública, pre-tendió aniquilar a la democracia en armas y traicionó la forma más creativa, más justa y novedosa de buscar la paz, cual era el Diálogo para la Concertación Nacional.
No eran otras nuestras pretensiones. Instaurar la demanda, convo-car al juicio, eran los objetivos del Operativo "Antonio Nariño por los Derechos del Hombre". Nuestras armas comparecían ante el tribunal de la justicia para someterse a él y no para ser instrumento de coacción a la libre voluntad de los honorables magistrados, quienes no estaban obligados a asumir el conocimiento de nuestras pretensiones durante el desarrollo del operativo.
El régimen de minorías prefirió arrasar con el poder jurisdiccional antes que permitir que se expresara la verdad sobre el gran fraude a la esperanza nacional, el incumplimiento de la promesa de paz y la traición a las soluciones de concertación mayoritaria.
La decisión ciega y brutal de Belisario Betancur y la respuesta de las Fuerzas Armadas, apoyadas por la clase política, la oligarquía y los dueños de la gran prensa, no fue ataque contra nuestra columna de 42 combatientes, sino una operación de aniquilamiento masivo, de tierra arrasada, de holocausto total y generalizado. Las tanquetas, el empleo indiscriminado de rockets, granadas, gases, y la provocación de incendios fueron la sola alternativa a las diferentes soluciones. No hubo intento alguno de negociación, ni fue escuchada la orden de cese del fuego del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fuego, tierra arrasada y asaltos de aniquilamiento fueron la sola respuesta al régimen oligárquico.
En nombre de las instituciones republicanas destruyeron el pilar de la institucionalidad democrática. En nombre de la autoridad presi-dencial negaron la autoridad del máximo representante del poder jurisdiccional. En nombre de la paz ciudadana inmolaron a magistrados, trabajadores de la justicia y guerrilleros, quienes coincidieron con una nación estremecida en la voluntad de buscar salidas incruentas a la conflictiva situación de hecho.
Por eso será siempre la voz viva del doctor Reyes Echandía exi-giendo a Betancur y a las Fuerzas Armadas el cese del fuego y el comienzo de conversaciones, acusación certera y condena irrevocable, absoluta, a quienes ordenaron, ejecutaron y consintieron el holocausto total.
Por eso, desde todos los rincones de la patria se levantan hoy los puños dispuestos a empuñar las armas de quienes combatieron con honor y mantuvieron la decisión de vencer, dando todo por Co-lombia.
Y se levanta intacto el memorial de agravios de nuestro tiempo: como permaneció el ideario de José Antonio Galán y sus comuneros; como se elevó la voz de Antonio Nariño por encima de los muros de un encierro casi perpetuo; como se extendió la llama libertaria que pretendieron sofocar los pacificadores de otros tiempos.
El horizonte de justicia y plenitud, de respeto y convivencia, de desarrollo y libertad, es más que nunca tarea de un pueblo erguido, voluntad nacional de nuevo temple, hallazgo de unas nuevas mayorías que por decisión histórica asumen la construcción de un nuevo gobierno.
Álvaro Fayad Delgado Comandante General Movimiento 19 de Abril, M-19
Montañas del Cauca, noviembre de 1985
Alvaro Fayad Delgado
En el país del sagrado corazón, en la Colombia que es y va pa-sión, en el espeso humo de la noticia de la fuga de Oscar Tulio Lizcano, en resumen, en el país de la seguridad democrática los desaparecidos no tienen cubrimiento en horario prime time, ni informes de última hora, ni entrevistas a sus dolientes, ni señales satelitales en el lugar de la noticia, ni mucho menos millonarias recompensas para quienes entreguen información de los responsables de las desapariciones. Apenas noticias al margen de 30 segundos, y análisis ridículos y banales en algún programa de opinión a las 12 de la noche (¿Quién tiene ganas de verle la carota a la Gurí o al bonachón de Jorge Alfredo Vargas a medianoche?). ¿Será que los desaparecidos, por ser pobres no cuentan para los medios de comunicación?. Si, ya se sabe, el viejito Lizcano se escapó, pero ¿por qué tanta vaina con la misma noticia durante tres días seguidos, en la mañana, al medio día, por la tarde, en los avances noticiosos, y en todos los canales? ¿Y los jóvenes desaparecidos de Soacha, que?
Y es que los 11 jóvenes que fueron desaparecidos un día en Soacha, y que aparecieron muertos por el ejército al otro día en Ocaña, son apenas una mínima parte de la dolorosa y macabra realidad a la que se le ha dado el nombre de seguridad democrática. Según el mismo director de medicina legal Pedro Franco ya son 90 los cuerpos que presentan un patrón similar de desaparición, el tiempo de reporte de los familiares también coincide y la muerte de todos ellos se produjo por heridas de proyectil por arma de fuego de alta velocidad; las desapariciones no han sido solo en Soacha, Cundinamarca, sino también en regiones de Antioquia, Putumayo, Caquetá, Córdoba, Sucre y Barranquilla; han aparecido casos con las mismas coincidencias pero desaparecidos en diferentes sitios de origen y que aparecen en otros sitios del país.
El retiro forzoso de tres oficiales del ejército solo confirma lo que en Soacha y en muchas partes del país era un secreto a voces, el ejército es el responsable de estas y otras desapariciones y las posteriores ejecuciones extra-judiciales, pero esto no es sino la punta del iceberg de la sistemática violación de derechos humanos por parte del militarismo hecho gobierno. Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, formada por 199 organizaciones colombianas que trabajan por los derechos humanos, un total de 535 ejecuciones extrajudiciales se registraron en Colombia desde el 1 de enero de 2007 al 1 de julio ultimo, más de la mitad de ellas contra menores de edad. Aseguran que en el último quinquenio hubo un aumento del 67 por ciento en los registros de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública. Este período coincide con la aplicación de la política de seguridad democrática promovida por el gobierno presidido por Alvaro Uribe.
Los responsables de este genocidio, no pueden ser son solo estos tres oficiales, que apenas fueron retirados, y ni siquiera han sido juzgados, estos mandos medios ejecutan ordenes del alto mando militar, y el presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas, así como su ministro de defensa deberán responder ante los pueblos de Colombia y el mundo por este y otros muchos crímenes de lesa humanidad.
¿Entonces a donde van los desaparecidos en Colombia? Van a alguna de las 4000 fosas comunes del genocidio para-militar encontradas hasta ahora, o a alguna de las miles de fosas comunes regadas por todo el país que aún faltan por encontrar. Como la fosa de Ocaña, donde yacían nuestros jóvenes de Soacha.
Kolektivo SUR
