¿A DONDE VAN LOS DESAPARECIDOS?
En el país del sagrado corazón, en la Colombia que es y va pa-sión, en el espeso humo de la noticia de la fuga de Oscar Tulio Lizcano, en resumen, en el país de la seguridad democrática los desaparecidos no tienen cubrimiento en horario prime time, ni informes de última hora, ni entrevistas a sus dolientes, ni señales satelitales en el lugar de la noticia, ni mucho menos millonarias recompensas para quienes entreguen información de los responsables de las desapariciones. Apenas noticias al margen de 30 segundos, y análisis ridículos y banales en algún programa de opinión a las 12 de la noche (¿Quién tiene ganas de verle la carota a la Gurí o al bonachón de Jorge Alfredo Vargas a medianoche?). ¿Será que los desaparecidos, por ser pobres no cuentan para los medios de comunicación?. Si, ya se sabe, el viejito Lizcano se escapó, pero ¿por qué tanta vaina con la misma noticia durante tres días seguidos, en la mañana, al medio día, por la tarde, en los avances noticiosos, y en todos los canales? ¿Y los jóvenes desaparecidos de Soacha, que?
Y es que los 11 jóvenes que fueron desaparecidos un día en Soacha, y que aparecieron muertos por el ejército al otro día en Ocaña, son apenas una mínima parte de la dolorosa y macabra realidad a la que se le ha dado el nombre de seguridad democrática. Según el mismo director de medicina legal Pedro Franco ya son 90 los cuerpos que presentan un patrón similar de desaparición, el tiempo de reporte de los familiares también coincide y la muerte de todos ellos se produjo por heridas de proyectil por arma de fuego de alta velocidad; las desapariciones no han sido solo en Soacha, Cundinamarca, sino también en regiones de Antioquia, Putumayo, Caquetá, Córdoba, Sucre y Barranquilla; han aparecido casos con las mismas coincidencias pero desaparecidos en diferentes sitios de origen y que aparecen en otros sitios del país.
El retiro forzoso de tres oficiales del ejército solo confirma lo que en Soacha y en muchas partes del país era un secreto a voces, el ejército es el responsable de estas y otras desapariciones y las posteriores ejecuciones extra-judiciales, pero esto no es sino la punta del iceberg de la sistemática violación de derechos humanos por parte del militarismo hecho gobierno. Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, formada por 199 organizaciones colombianas que trabajan por los derechos humanos, un total de 535 ejecuciones extrajudiciales se registraron en Colombia desde el 1 de enero de 2007 al 1 de julio ultimo, más de la mitad de ellas contra menores de edad. Aseguran que en el último quinquenio hubo un aumento del 67 por ciento en los registros de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública. Este período coincide con la aplicación de la política de seguridad democrática promovida por el gobierno presidido por Alvaro Uribe.
Los responsables de este genocidio, no pueden ser son solo estos tres oficiales, que apenas fueron retirados, y ni siquiera han sido juzgados, estos mandos medios ejecutan ordenes del alto mando militar, y el presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas, así como su ministro de defensa deberán responder ante los pueblos de Colombia y el mundo por este y otros muchos crímenes de lesa humanidad.
¿Entonces a donde van los desaparecidos en Colombia? Van a alguna de las 4000 fosas comunes del genocidio para-militar encontradas hasta ahora, o a alguna de las miles de fosas comunes regadas por todo el país que aún faltan por encontrar. Como la fosa de Ocaña, donde yacían nuestros jóvenes de Soacha.
En el país del sagrado corazón, en la Colombia que es y va pa-sión, en el espeso humo de la noticia de la fuga de Oscar Tulio Lizcano, en resumen, en el país de la seguridad democrática los desaparecidos no tienen cubrimiento en horario prime time, ni informes de última hora, ni entrevistas a sus dolientes, ni señales satelitales en el lugar de la noticia, ni mucho menos millonarias recompensas para quienes entreguen información de los responsables de las desapariciones. Apenas noticias al margen de 30 segundos, y análisis ridículos y banales en algún programa de opinión a las 12 de la noche (¿Quién tiene ganas de verle la carota a la Gurí o al bonachón de Jorge Alfredo Vargas a medianoche?). ¿Será que los desaparecidos, por ser pobres no cuentan para los medios de comunicación?. Si, ya se sabe, el viejito Lizcano se escapó, pero ¿por qué tanta vaina con la misma noticia durante tres días seguidos, en la mañana, al medio día, por la tarde, en los avances noticiosos, y en todos los canales? ¿Y los jóvenes desaparecidos de Soacha, que?
Y es que los 11 jóvenes que fueron desaparecidos un día en Soacha, y que aparecieron muertos por el ejército al otro día en Ocaña, son apenas una mínima parte de la dolorosa y macabra realidad a la que se le ha dado el nombre de seguridad democrática. Según el mismo director de medicina legal Pedro Franco ya son 90 los cuerpos que presentan un patrón similar de desaparición, el tiempo de reporte de los familiares también coincide y la muerte de todos ellos se produjo por heridas de proyectil por arma de fuego de alta velocidad; las desapariciones no han sido solo en Soacha, Cundinamarca, sino también en regiones de Antioquia, Putumayo, Caquetá, Córdoba, Sucre y Barranquilla; han aparecido casos con las mismas coincidencias pero desaparecidos en diferentes sitios de origen y que aparecen en otros sitios del país.
El retiro forzoso de tres oficiales del ejército solo confirma lo que en Soacha y en muchas partes del país era un secreto a voces, el ejército es el responsable de estas y otras desapariciones y las posteriores ejecuciones extra-judiciales, pero esto no es sino la punta del iceberg de la sistemática violación de derechos humanos por parte del militarismo hecho gobierno. Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, formada por 199 organizaciones colombianas que trabajan por los derechos humanos, un total de 535 ejecuciones extrajudiciales se registraron en Colombia desde el 1 de enero de 2007 al 1 de julio ultimo, más de la mitad de ellas contra menores de edad. Aseguran que en el último quinquenio hubo un aumento del 67 por ciento en los registros de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública. Este período coincide con la aplicación de la política de seguridad democrática promovida por el gobierno presidido por Alvaro Uribe.
Los responsables de este genocidio, no pueden ser son solo estos tres oficiales, que apenas fueron retirados, y ni siquiera han sido juzgados, estos mandos medios ejecutan ordenes del alto mando militar, y el presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas, así como su ministro de defensa deberán responder ante los pueblos de Colombia y el mundo por este y otros muchos crímenes de lesa humanidad.
¿Entonces a donde van los desaparecidos en Colombia? Van a alguna de las 4000 fosas comunes del genocidio para-militar encontradas hasta ahora, o a alguna de las miles de fosas comunes regadas por todo el país que aún faltan por encontrar. Como la fosa de Ocaña, donde yacían nuestros jóvenes de Soacha.
Kolektivo SUR
